La Justicia pidió informes sobre la designación de Delfina Rossi

La Justicia Contencioso Administrativa se afirmó competente ante la medida cautelar presentada contra la designación de Delfina Rossi, hija de Agustín Rossi, ministro de defensa, a modo de directora del Banco Nación.

El Juzgado N° 9 le exigió a la Presidencia de la Nación que dentro de las próximas 5 jornadas rinda comentarios sobre el controvertido nombramiento de la joven, que ha generado un sinfín de cuestionamientos desde su anuncio el 12 de agosto.

La medida había sido presentada por el abogado así como dirigente de Unión PRO Yamil Santoro, quien además pidió una impugnación ante la Casa Rosada y un reclamo de intervención de la Justicia por estudiar que “se ha violado la Constitución Nacional, el estatuto del Banco Nación, la normativa del Banco Central así como el Código de Ética Pública”.

Santoro, quien al conocerse el nuevo del nombramiento comenzó una campaña en páginas web que reunió más de 66.000 firmas en la plataforma Change.org pidiendo que la presidente remueva a Rossi, solicitó que “se disponga la suspensión del juramento, asunción y ejercicio de la función como de directora del Banco de la Nación Argentina”.

El diputado Manuel Garrido (UCR) solicitó a la Oficina Anticorrupción que examine la declaración jurada presentada por Rossi como nueva directora del Banco Nación relacionado con repasar sospechosas incoherencias.

Para Garrido, “sorprende el abandono o el desdén por los controles que muestra la Licenciada Rossi”. Sobre lo que opinó: “Recibió el nombramiento como directora de un banco pero parece que no sabe sumar ni restar en el momento relacionado a sus bienes”.

Delfina Rossi

Conforme al escrito que el diputado cedió ante la Oficina Anticorrupción, sobre la cual dio conocimiento en un documento oficial, de la declaración jurada se desprende: “Si bien Delfina Rossi afirma no poseer ningún bien al comienzo del año 2014 e incluso tener bienes por $401.931,43 al cierre de dicho año, indefectiblemente dicho último importe debió ser solventado con los beneficios declarados”.

“Tenemos un faltante de por lo menos $316.539,43 en beneficios sin declarar; ineludiblemente necesarios con el fin de acreditar esas adquisiciones y negocios”, calculó Garrido.

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