La muerte de cuatro chicos desencadena una batalla política en Venezuela
Erick Altuve, de 11 años, es el cuarto chico fallecido durante mayo en el Hospital Pediátrico J. M de los Ríos, tres de ellos en la última semana.
Los nombres de los cuatro pequeños figuraban en la lista de trasplantes de médula del centro médico caraqueño, en la que todavía se mantienen otros 26 menores. Sus vidas corren serio peligro, amenazadas no solo por la enfermedad, sino también por la suspensión de un convenio para ser operados en Italia y por la debacle sanitaria que sufre el país .
La tragedia ha desencadenado una batalla política entre gobierno y oposición horas antes del reencuentro de sus delegaciones en Oslo, previsto para hoy. El chavismo pretende ganar más tiempo y mejorar su imagen ante el mundo, achacando el derrumbe que sufre el país a las sanciones internacionales.
"Es una guerra brutal, nos roban el dinero y nos persiguen los barcos", destacó Nicolás Maduro ayer durante un cónclave del alto mando político de la revolución.
"Se mueren los niños y tú [Maduro] te pones a hacer armas", acusó Gilberto Altuve, padre de la última víctima, mientras la familia buscaba 900.000 bolívares (equivalente a 23 salarios mínimos) para el velatorio y entierro del menor. Altuve hizo referencia indirecta al polémico gasto de 50 millones de euros ordenado por el gobierno bolivariano para la fabricación de ametralladoras Caribe 9,19 milímetros aprobado la semana pasada pese al derrumbe nacional. La prensa local calcula que con ese dinero se costearían más de 200 trasplantes.
"Los cinco meses que duré ahí vivimos de puras fundaciones y de donaciones, porque en el hospital nunca había nada. Mi hijo ayer [por el domingo] necesitaba propofol [anestésico], pero el farmacéutico me dijo que la directora lo tenía encerrado bajo llave. La felicidad de mi hijo era ir al trasplante porque se iba a curar. Me decía que era fuerte y que el cáncer no iba a poder con él", se lamentó entre lágrimas Jennifer Guerrero, madre de Erick, en las puertas de un hospital "contaminado".
A los Altuve se unieron ayer varias madres de los 26 niños de la lista y entre todos ellos dibujaron un panorama aterrador: escasez de quimioterapias, ausencia de antibióticos como la vancomicina (que también buscaron de forma desesperada para Erick), sin plantas eléctricas de emergencia, con un laboratorio que no funciona y una pésima alimentación: arepa, arroz y granos (legumbres), sin ninguna proteína.
Giovanni Figuera (6 años), Roberth Redondo (7), Yeideberth Requena (8) y Erick requerían un trasplante, pero también medicinas y atenciones hoy casi imposibles en Venezuela. "De las 400 camas que tenía el hospital, ahora quedan 90. De nueve ascensores funcionan solo dos. No tenemos tomógrafo, no funcionan los aires ni los laboratorios", denunció el doctor Huniades Urbina, exdirector del JM de los Ríos con Hugo Chávez y Maduro.
Ante el torrente de acusaciones, el gobierno señaló el "bloqueo" de Estados Unidos por la suspensión del programa existente con una clínica italiana para realizar los trasplantes de médula. "El programa con Italia se ejecutaba a través de Citgo (filial de la estatal Pdvsa), confiscada por Estados Unidos. Venezuela envió los fondos a través de Pdvsa y fueron retenidos en Novo Banco de Portugal gracias a las sanciones", aseguró el canciller Jorge Arreaza, que hizo públicos unos pagos realizados en enero.
Carlos Vecchio, embajador del Parlamento en Estados Unidos, rectificó al canciller, al demostrar que las facturas exhibidas por el gobierno son de 2018, "cuando no había sanciones sobre Pdvsa". "Muestra más bien que ustedes no pagaban a tiempo. Se roban los reales", agregó. El dirigente opositor aseguró que las sanciones conllevan además excepciones humanitarias, que Maduro ha usado para comprar semillas de maíz a la empresa estadounidense Monsanto.
El diputado Miguel Pizarro, que preside la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, pormenorizó lo ocurrido con el convenio italiano. Las primeras fallas comenzaron a darse en 2015, cuando los "viajes (a Italia) ya eran irregulares". En 2017, el gobierno "suspendió" los viajes de los niños, aunque "para esa época las sanciones no estaban vigentes". En 2018, "el régimen canceló definitivamente el convenio porque (aseguraban) que no había dinero para pagar una deuda de siete millones".
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