Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia

El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) constituye una oportunidad histórica para frenar los graves abusos y las atrocidades asociadas con décadas de conflicto armado.

Sin embargo, la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra civiles. Otros grupos armados han ocupado este vacío y se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas.

En el Catatumbo, en el noreste de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) están enfrentados desde principios de 2018 en una lucha brutal por el territorio. También operan en la zona exmiembros de las FARC que formaron un nuevo grupo armado.

Los grupos armados han cometido numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También han plantado minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Algunos de ellos han sido asesinados.

Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia. Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

Este informe se basa en una investigación realizada en el Catatumbo en abril de 2019. Entrevistamos a más de 80 personas, incluidas víctimas de abusos, sus familiares, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. Algunas entrevistas se realizaron en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, y otras telefónicamente. También tuvimos acceso a informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos a casi 500 víctimas de abusos cometidos en el contexto del conflicto armado.

Las cifras gubernamentales indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018. Si bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL causaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pública colombiana parecen ser la principal causa en 2019.

Algunos desplazamientos constituirían desplazamiento forzado, según la definición del derecho internacional humanitario. En algunos casos, las personas se desplazaron luego de que grupos armados las amenazaran por supuestamente cooperar con grupos armados opuestos a ellos o con el gobierno. Muchos también han huido tras haber sido amenazados por negarse a unirse a estos grupos.

Las actividades de los grupos armados han contribuido a un aumento de las tasas de homicidio en el Catatumbo. Según estadísticas oficiales, la cantidad de homicidios aumentó a más del doble, de 112 en 2015 el año en que las FARC acordaron el cese al fuego unilateral como parte de las negociaciones de paz— a 231 en 2018. En ocho casos analizados por Human Rights Watch, presuntos miembros de grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública colombiana, o por negarse a sumarse a sus filas.

Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos y líderes sociales en el Catatumbo desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Catatumbo es una de las regiones más peligrosas de Colombia para quienes se atreven a alzar la voz en nombre de sus comunidades.

Los grupos armados han estado involucrados en secuestros y desapariciones. Human Rights Watch analizó 13 incidentes con 17 víctimas, ocurridos entre marzo de 2018 y marzo de 2019, en los cuales integrantes de estos grupos secuestraron a civiles; por ejemplo, para interrogarlos sobre su presunta cooperación con otros, obligarlos a obedecer las exigencias del grupo (por caso, abstenerse de seguir investigando el asesinato de un familiar) o exigir un rescate. Algunas víctimas fueron retenidas por horas; otras durante varios días.

Los grupos armados también cometen violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual en el Catatumbo. Entre enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” vinculados con el conflicto armado, según la Unidad de Víctimas de Colombia. Estos abusos incluyen violación y otros delitos sexuales.

Los grupos armados también son responsables del reclutamiento de niños y niñas desde los 12 años en el Catatumbo.

En ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero. Human Rights Watch ha tenido acceso a testimonios sobre una decena de casos en los cuales las familias huyeron de sus pueblos después de que se produjera una amenaza o intento de reclutamiento de un niño o niña de la familia. Este reclutamiento se suma a otras violaciones de derechos humanos sufridos por menores de edad tanto colombianos como venezolanos, incluidas limitaciones al acceso a la educación de aquellos que trabajan en plantaciones de coca.

Asimismo, los grupos armados han utilizado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo. Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto.

Si bien las cifras que describen la magnitud de los abusos en este informe son muy graves, la cantidad total de abusos probablemente sea mayor, debido a que muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias. Además, las víctimas de violencia sexual y los exiliados venezolanos enfrentan barreras específicas para denunciar los abusos que sufren.

Muchos venezolanos huyen de la devastadora crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que afecta a su país. Los limitados controles migratorios por parte de las autoridades colombianas en áreas donde los grupos armados manejan los cruces ilegales (llamados “trochas” en Colombia), así como la posibilidad de encontrar trabajos mejor pagados que en Venezuela, atraen a muchos de ellos a Catatumbo.

Varios venezolanos han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.

Es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los venezolanos afectados por el conflicto armado en el Catatumbo, debido a que muchos desconocen los procedimientos para reportar lo ocurrido o temen ser deportados si presentan denuncias ante autoridades colombianas. En la práctica, los venezolanos han tenido un acceso limitado a los servicios de asistencia del gobierno colombiano para las víctimas del conflicto armado.

La respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos.

Colombia es Estado parte de varios tratados de derechos humanos que establecen la obligación jurídica internacional de brindar una protección efectiva de aquellos derechos humanos que son fundamentales para las garantías de seguridad, incluido el derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal. También debe asegurar que toda persona tenga acceso al goce pacífico de sus bienes. Asimismo, las autoridades deben adoptar medidas para juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos y garantizar los derechos de las víctimas a recursos y reparaciones efectivos.

La Fiscalía General de la Nación, en general, no ha conseguido que se haga justicia por los graves abusos cometidos por grupos armados en el Catatumbo.

En abril de 2019, había más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Sólo se habían dictado condenas en 61 casos. Y según información de la fiscalía, apenas dos miembros de grupos armados habían sido condenados por homicidio. La fiscalía no había imputado, ni mucho menos condenado, a ninguna persona por amenazas, reclutamiento infantil ni “desapariciones forzadas”. Según la fiscalía, dos miembros de grupos armados han sido imputados, pero, hasta el momento, no ha habido condenados por desplazamiento forzado; 483 procesos continuaban pendientes.

Una falencia clave es el escaso número de funcionarios en el Catatumbo encargados de investigar y procesar delitos. Asimismo, los riesgos debido a la situación de seguridad imposibilitan que los fiscales e investigadores visiten zonas rurales para investigar delitos y obtener declaraciones de testigos y familiares de víctimas, quienes además temen sufrir represalias por colaborar con las investigaciones.

En lo que respecta a la prevención, el derecho colombiano dispone que las autoridades deben llevar adelante una respuesta “rápida” para prevenir posibles abusos identificados por la Defensoría del Pueblo a través de las llamadas “alertas tempranas”.

No obstante, las autoridades nacionales, departamentales y municipales no han respondido adecuadamente a estas alertas. A su vez, los programas de protección individual proporcionados por el gobierno colombiano a líderes sociales y defensores de derechos humanos en riesgo en el Catatumbo no son suficientes para garantizar una protección adecuada.

Un proyecto piloto anunciado en junio de 2018 para abordar deficiencias en estos programas a través de un sistema de protección colectiva en El Tarra, uno de los municipios del Catatumbo, aún no se ha implementado.

La asistencia a los desplazados, contemplada en el derecho colombiano, ha sido lenta e insuficiente, según funcionarios de organizaciones humanitarias que operan en la zona. Cientos de desplazados han vivido en albergues temporales improvisados por las comunidades. Algunos no tenían muebles ni agua corriente.

Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios indican que soldados del Ejército colombiano han actuado de manera abusiva, sobre todo después de que se enviara a Catatumbo una fuerza de “despliegue rápido” en octubre de 2018.

En ocasiones, los soldados estigmatizan a civiles y los acusan de ser cómplices de guerrillas. Los soldados también interceptan a civiles en retenes militares y les piden información sobre sus comunidades, lo cual los expone a represalias por parte de grupos armados. En abril de 2019, un miembro del Ejército mató a un exmiembro de las FARC desmovilizado.

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