La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la condena fijada por el Tribunal Supremo de once años y medio de prisión por un delito de sedición. Considera que se le han vulnerado varios de sus derechos constitucionales y presente un recurso de amparo como antesala a poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este recurso se suma a los ya presentados por otros líderes independentistas del procés como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y otros exconsellers condenados.

Gran parte de los argumentos planteados contra la sentencia del alto tribunal son coincidentes entre ellos, como la falta de un juez imparcial o la falta de competencia del Supremo al ser hechos que ocurrieron en Catalunya y, por tanto, debían haber sido juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que además les habría permitido tener una doble instancia una vez juzgados.





Sin embargo, en su recurso, Forcadell además defiende el papel del Parlament y pone de manifiesto que en todo caso ella debía haber seguido la misma senda que el resto de miembros de la Mesa que aprobaron las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 así como la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de aquel año.

El resto de miembros están pendientes de ser juzgados por un delito de desobediencia por no atender a los requerimientos del tribunal Constitucional. Y será ante el TSJC, además de enfrentarse a penas únicamente e inhabilitación cuando ella ha sido condenada por sedición a más de una década de cárcel.


Principio de autonomía





En su recurso, Forcadell defiende que los miembros de la Mesa del Parlament tienen unas facultades y unas limitaciones de éstas, expresamente reguladas en el Reglamento del Parlament de Catalunya. “La determinación de las funciones y potestades de la Mesa es un reflejo del principio de autonomía parlamentaria establecido tanto en el artículo 72.1 de la Constitución Española como en el artículo 58.1 del Estatuto de Autonomía de Catalunya; siendo este un principio derivado de la voluntad popular que tiene el Parlament y que tiende a evitar que la vida interna de la Cámara sea condicionada por decisiones de otras instituciones”, apunta.





Así, recuerda que desde los años 80, el Parlament “no solamente ha efectuado pronunciamientos de contenido político acerca del derecho de autodeterminación, sino también ha tramitado y debatido leyes que propugnaban la Independencia de Catalunya”.

Forcadell insiste que en relación a la tramitación de las iniciativas vinculadas al procés, tuvo “exactamente la misma participación que el resto de compañeros de Mesa”, que están siendo enjuiciados por presunto delito de desobediencia ante el TSJC de acuerdo con los hechos probados de la propia sentencia. “Sustentar el pronunciamiento condenatorio sobre ello resulta irrazonable y, en todo caso, vulneraría el derecho a la igualdad”, recoge el recurso.


“No alentó” al 1-O





La sentencia del Tribunal Supremo hace una diferencia entre los miembros de la Mesa y ella. Respecto de la expresidenta considera que movilizó a la ciudadanía a favor del referéndum y la declaración de independencia, con llamamientos públicos. Forcadell rechaza estos argumentos y sostiene, entre otras cosas, que el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía “no se dirigió en ningún momento hacía las personas que de manera espontánea y pacífica estaban manifestándose, por lo que no tuvo ni la más mínima intervención en la misma”.

También rechaza que “alentara, organizara ni protagonizara” la actuación multitudinaria espontánea que se produjo, puesto que en ningún momento se dirigió a la gente congregada, no la convocó “ni tuvo ningún protagonismo en ésta”.






El juez Llarena como víctima





Al igual que el en otros recurso de amparo de este asunto, Forcadell ha atacado la imparcialidad del juez que instruyó la causa, Pablo Llarena, quien, a su juicio, se situó en posición de “víctima”. “La consideración del magistrado Instructor como víctima de los mismos hechos que debía de investigar impide poder observar en su actuación la necesaria apariencia de imparcialidad que debe regir la actividad jurisdiccional, de acuerdo con el derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías en su vertiente al juez imparcial”, alega.

“La absoluta falta de valoración de la prueba hace de la sentencia una resolución indeterminada que impide el conocimiento por parte de las defensas de las fuentes de prueba utilizadas en aras a generar las inferencias sobre las que se basa la condena, conllevando todo ello una absoluta indefensión”, concluye.





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