La magistrada instructora Maria Eugènia Alegret Burgués de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado un auto este viernes en el que procesa a los diputados de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Además, el tribunal les impone medidas cautelares entre las que figura una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 euros en el caso de Jové, y de 1.635.000 euros en el caso de Salvadó, y les cita para declarar el próximo 11 de marzo.





En el auto, la magistrada decreta la libertad provisional de ambos parlamentarios, pero les impone la personación periódica mensual, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del país, y justifica el procesamiento y las fianzas millonarias por la cuantía “de los gastos públicos que se han realizado o comprometido para la celebración del referéndum del 1-O y para implementar estructuras de Estado”.

La instructora argumenta el procesamiento de forma particular según la actuación de cada uno en los hechos imputados. En el caso de Jové, exsecretario general del Departament de Vicepresidència, Economía i Hisenda que en la actualidad forma parte de la delegación catalana de la mesa de negociación con el Gobierno del Estado, sostiene que “tuvo una participación activa en la preparación del referéndum” y en “otros actos ilícitos para conseguir la financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia fuesen superiores a los negativos”. En su caso, la magistrada considera acreditado que Jové obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para el que no disponía de competencias y que “desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum”.

Según el auto, Jové era un “responsable destacado en la búsqueda de los locales donde instalar los colegios electorales”, y por eso “realizaba las oportunas gestiones para lograr esta cesión, interesándose por instalaciones alternativas en previsión de que algún municipio no prestase ese apoyo”. Era el “coordinador de las actividades ejecutivas del referéndum”, y como tal “conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal, sin poder descartar otros”.

Estos gastos se basan en las anotaciones del dirigente en su agenda Moleskine y en el documento ‘Enfocats’. La magistrada señala los relativos a la campaña de publicidad y difusión del referéndum, por importe de 277.804,41 euros sin IVA, los correspondientes al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost (980.312 euros sin IVA)





El auto concluye que Jové “conoció y autorizar determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal”, en una cantidad superior a los 2.100.000 euros.

En cuanto a Salvadó, la magistrada señala que “tenía como función hacer efectivas las estructuras de la Hacienda de la Generalitat”, pero esta era una labor conjunta con Jové. Ambos “venían dedicándose desde hacía tiempo, al menos desde finales del año 2015, conforme a los planes directores del partido político en el que militaban, a estudiar cómo crear estructuras de Estado para cuando llegase la hipotética independencia de Catalunya”, indica el auto.





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