El suicidio de Alan García agrava la crisis institucional en Perú
El expresidente iba a ser detenido por un periodo provisional de diez días
El suicidio del expresidente peruano Alan García es el episodio más cruento de la crisis institucional que vive Perú desde que se vio salpicado por la ramificación local del escándalo de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, que tiene a la constructora Odebrechtcomo principal beneficiaria. El cuerpo de García no llegó hasta ya entrada la noche del miércoles a la Casa del Pueblo de Lima, la sede central del Apra, el histórico partido que presidía el exmandatario. La familia rechazó un funeral con honores de Estado pero igualmente el presidente Martín Vizcarra, que impulsa una batalla contra la corrupción, decretó tres días de luto nacional y las banderas ondean a media asta, como obliga la normativa.
El dos veces gobernante murió la mañana del miércoles tras dispararse en la cabeza, después de que la policía se presentara en su domicilio para detenerle preliminarmente durante diez días.
El abogado de García denunció que, a pesar de la tragedia, el registro policial en la casa del expresidente continuó con normalidad, lo que motivó que el órgano de control interno de la fiscalía abriera una investigación contra Henry Amenábar, el fiscal que acudió a detener al exmandatario, afirmando en un auto que “no habría tomado las medidas necesarias” para llevar a cabo la diligencia.
En lo que parece una disputa interna, el equipo especial de la fiscalía que dirige la investigación del caso Odebrecht emitió un comunicado donde mostraba su “profunda preocupación y rechazo” por el expediente abierto y aseguraba que la diligencia contra García se había practicado “en estricto cumplimiento de un mandato judicial”.
Sospechas sobre las obras del metro
La acusación de corrupción contra García data de su segundo gobierno (2001-2006), en el cual la fiscalía cree que Odebrecht pagó al fallecido unos 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del metro de Lima. Ministros y colaboradores cercanos del expresidente también están bajo sospecha.
Con estudios de derecho, una imponente estatura de 1,93 metros y dotes extraordinarias de oratoria, García encandiló primero al fundador de la Alianza Popular Revolucionaria (Apra), Víctor Raúl Haya de la Torre, y luego al pueblo peruano para ser elegido presidente en 1985 con solo 36 años. La ilusión y alta popularidad que generó al inicio de su gobierno con discursos desde el balcón del palacio presidencial y medidas que estabilizaron la economía, se esfumaron cuando al final de su mandato el país vivía inmerso de nuevo en la crisis y cercado por el terrorismo de Sendero Luminoso.
El Apra, un partido de inspiración revolucionaria, socialista, panamericanista y antiimperialista, fundado en 1924 por Haya de la Torre, llegó por primera vez al poder con García, en 1985, que para entonces ya era visto como socialdemócrata. Sin embargo, y como sucede en otros países latinoamericanos con organizaciones políticas repletas de siglas revolucionarias y socialistas, el partido defiende hoy el liberalismo económico y es considerado el más tradicional de Perú. Además, el Apra es miembro de la Internacional Socialista.
A pesar de contar con una nutrida militancia y una histórica organización territorial, los peruanos dieron la espalda al Apra y a García en las últimas elecciones del 2016, cuando el expresidente volvió a ser candidato, pero ni siquiera logró el 6% de los votos. Era la cuarta vez que García se postulaba a la presidencia: además de en 1985 y 2006, cuando ganó, también se había presentado en el 2001, pasando a la segunda vuelta y siendo derrotado por Alejandro Toledo. Ese año, había regresado de su exilio en Colombia y Francia, después de huir de Lima en 1992 tras el autogolpe de Alberto Fujimori, que inició una persecución contra líderes políticos opositores.
Alan García fue cuestionado desde el principio de su mandato
García ya había sido acusado de corrupción durante su primer gobierno (1985-199) pero, tras el fujimorismo, la Corte Suprema declaró prescritos esos supuestos delitos en el 2001.
No obstante, el primer gran cuestionamiento contra García se produjo al inicio de su primer mandato. El 18 y 19 de junio de 1986 tuvo lugar un motín simultáneo en tres prisiones de Lima que acabó con la masacre de entre 200 y 400 reclusos, muchos de ellos encarcelados por terrorismo, cuando tropas militares irrumpieron en los penales.
La cifra final de muertos nunca se supo y oficialmente el gobierno nunca reconoció más de un centenar. En cambio las organizaciones de derechos humanos aún hoy hablan de torturas, asesinatos y enterramientos clandestinos de los amotinados.
El dramático final de García coincidió con la internación de Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, en la clínica Anglo Americana de Lima. El también exmandatario fue trasladado al centro sanitario el martes por la noche desde la central de la policía, donde permanecía detenido desde la semana pasada, al sentir un dolor en el pecho y se le practicó un cateterismo cardiaco. A pesar de ello, el miércoles se celebró la vista donde la fiscalía pidió inicialmente 36 meses de prisión preventiva para el antecesor de Vizcarra, que hace un año se vio obligado a dimitir poco antes de ser destituido por un impeachment parlamentario. No obstante, posteriormente, el fiscal decidió cambiar esa petición por la de arresto domiciliario, en vista de su delicada situación de salud.
Además de García, los exmandatarios Ollanta Humala (2006-2011), Kuczynski (2016-2018) y Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y el 2000 y que cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, el otro expresidente peruano vivo procesado y con orden de detención es Alejandro Toledo (2001-2006). Sin embargo, Toledo se encuentra en EE.UU., fugado de la justicia, y pendiente de una solicitud de extradición.
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