El Govern de la Generalitat considera adecuada a derecho la salida de la cárcel de 7 de los presos condenados por el ‘procés’, entre ellos hoy el líder de ERC Oriol Junqueras
, en aplicación del 100.2, a pesar de la dureza de las penas y de estar clasificados en segundo grado. La consellera de Justícia, Ester Capella, considera que “hemos hecho las cosas con paso firme y seguro” pese a las “inaceptables” y “duras críticas” que han recibido los trabajadores de los servicios penitenciarios”. En definitiva, consideran que la adopción de medidas que permiten salir de la cárcel favorecen la reinserción, que en Catalunya llega al 70% mientras en otros países, como Francia, según citó la consellera, está en el 40%.





En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera ha remarcado que el 100.2 lo aplica el centro penitenciario y “está en la ley”. Además, es una medida que cuenta con la aprobación del respectivo juez de vigilancia penitenciaria, por lo que “no permitiremos que nadie ponga en cuestión el trabajo de profesionales de prisiones”, ha advertido.

“No hacemos otra cosa que cumplir la ley y que la gente pueda salir en las mejores condiciones”, ha justificado Capella sobre esta medida tras explicar que en los centros penitenciarios de Catalunya “preparamos a las personas por su salida en libertad”. De esta forma, cualquiera de los recursos que usan los centros penitenciarios son parte de la normativa penitenciara y se pueden aplicar, ha insistido.

La dirigente ha confirmado que apenas 400 presos de los 8.500 que hay actualmente en Catalunya disfrutan de la aplicación del 100.2, pero ha querido dejar claro que para aplicar esta medida “no hay requisito previo”, ni siquiera la duración de la condena a pesar del “mantra que se ha reproducido porque se ha dicho que era algo extraordinario”, ha lamentado Capella. Para recibir permisos sí lo hay y es que se haya cumplido una cuarta parte de la condena. Por tanto, desde el Govern insisten en que exploran “todas las opciones del reglamento y de la ley” disponibles, como son el segundo grado con 100.2 o el tercer grado.





“Hemos avanzado en un modelo propio” que se basa en “explorar todas las opciones que nos da la ley y el reglamento”, ha explicado Capella. La dirigente ha remarcado que todo el sistema está basado en un “plan individual de trato” que lleva a cabo con profesionalidad la junta de tratamiento en cada caso.

Para evidenciar que este sistema de reinserción basado en la concesión de beneficios penitenciarios es el que funciona, la consellera se ha referido a los niveles de reinserción que hay en Catalunya. “Cuando hacemos cumplimiento en prisión, salidas programadas y permisos, este nivel de reinserción es del 70%, pero “cuando hacemos más cosas: pisos tutelados, 100.2, servicios a la comunidad, etc. podemos llegar al 80%”. Estos datos “nos ratifica en lo que hacemos desde hace muchos años”, ha señalado la consellera, que no ha querido perder la oportunidad para insistir en que los funcionarios catalanes “hacen muy bien su trabajo, son independientes, y tienen 30 años de experiencia”.

Por su parte, el Gobierno no se ha querido mojar sobre la situación de los presos que ya han podido salir de la cárcel para hacer funciones particulares o trabajar en aplicación del 100.2. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, se ha limitado a indicar que el Ejecutivo central “no se pronuncia” sobre una aplicación que está en manos de profesionales y en el ámbito judicial.





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