Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha compadecido la noche del domingo para comunicar que el Gobierno pone a su disposición la sanidad privada apelando a las competencias que le otorga el decreto publicado la noche del sábado por el que se declara el estado de alarma. La orden se concreta por ahora con la obligación de los centros sanitarios privados de poner a disposición de los servicios de salud de los gobiernos autonómicos de los espacios y el personal que les requieran.

La orden también prevé la prórroga de los facultativos residentes (MIR) en último año de especialidades como geriatría, medicina del trabajo, intensiva, interna, preventiva, neumología, radiodiagnóstico y parasitología, entre otras. El Ministerio también autoriza la contratación de personas con grado pero sin título de especialista en los casos en que hayan aprobado el MIR sin obtener plaza, o si han obtenido título de especialista fuera de la Unión Europea y están en trámite de ser reconocidos con evaluación favorable.






La orden también prevé la prórroga de los facultativos residentes en último año de especialidad





Asimismo, Illa instó a todas las empresas del sector farmacéutico y personas físicas o jurídicas que dispongan del material sanitario necesario para contener la actual pandemia de coronavirus Covid-19, principalmente mascarillas y geles hidroalcohólicos, o la capacidad de producirlos, a ponerlo en conocimiento del Ministerio en un plazo máximo de 48 horas.

Junto a Illa compareció la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien destacó la buena acogida del despliegue del Ejército en diversas ciudades, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que destacó la normalidad que se ha dado en las calles de toda España en el primer día de confinamiento obligado. El ministro puso como ejemplo el descenso del 61% el volumen de tráfico en los accesos a Madrid a las 19.00 horas del domingo respecto a una semana antes.

Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, señaló que la oferta del transporte público se reduce en toda España al 50%, salvo en los servicios de cercanías de Renfe, donde dependerá de la necesidad que determine la Administración.





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