El Pleno del Tribunal Constitucional ha vuelto a avalar por unanimidad la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente a los líderes del procés encarcelados después de ser procesados por rebelión y antes de ser enjuiciados. El tribunal de garantías ya se pronunció sobre este aspecto en enero, respecto del exvicepresidente Oriol Junqueras, y ahora sigue la misma línea al rechazar los recursos de amparo de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull.

El juez que instruyó la causa del procés Pablo Llarena acordó el 9 de julio de 2018 suspender cautelarmente a todos aquellos que se encontraban en prisión preventiva procesados por el delito de rebelión, en aplicación al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta resolución fue avalada por la Sala de lo Penal, lo que supuso que ninguno pudiera ejercer como parlamentario mientras esperaba la sentencia.





Ahora, el Tribunal Constitucional, en una sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Alfredo Montoya, señala que la decisión del Tribunal Supremo no ha vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a la participación y representación política (artículo 23 de la Constitución), porque se ha superado el control constitucional que exige una “motivación expresa, suficiente y razonable sobre el alcance de la expresión empleada en la norma legal”.


“Proporcional y legítima”





En efecto, “la exigencia de proporcionalidad se cumple con la configuración legal de los supuestos ante los que nace la restricción, pues en el caso de artículo 384 bis de la LECrim, la limitación del ejercicio del cargo público que implica la suspensión aparece indeclinablemente unida a la concurrencia de la situación definida: procesamiento firme y prisión provisional por razón de los
delitos señalados”, explica el tribunal.

Por tanto, la consecuencia jurídica surge automáticamente por ministerio de la ley sin que los órganos llamados a aplicarla o a hacerla cumplir puedan incidir en ella o modularla. La sentencia considera que la medida de suspensión de cargo público es proporcional y legítima a la finalidad perseguida por el legislador porque responde al control constitucional externo limitado “a la comprobación de si la motivación existe, es suficiente y no incurre en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad”.

De ahí, que se haya venido exigiendo también ese deber específico de motivación en relación con las limitaciones del ejercicio de cargos públicos representativos.





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