Milagro Sala, la Robin Hood jujeña, seguirá presa

La Corte Suprema de la Nación impugnó un pedido de la organización de Jujuy Tupac Amaru, que había solicitado su inmediato control, al calificar la detención de la jefa de esa organización, Milagro Sala, como un quiebre de las instituciones, informaron hoy fuentes de la justicia.

El escrito, firmado por Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Asociación Barrial Tupac Amaru, y presentado en el momento en que militantes tupaqueros se manifestaban en Plaza Lavalle, reclamaba la inminente fiscalización de la Corte para interferir en la justicia de Jujuy.

Según el documento, Sala "se halla detenida ilegalmente" desde mited de enero último a partir de "un procedimiento que tuvo como objetivo la extorsión a los organismos sociales con el fin de que levantaran un acampe" iniciado un mes antes, frente a la casa de gobierno de la provincia.

Garfagnini aseguró entonces que las únicas pruebas para mantener la detención arbitraria de Sala son las que aportó el Poder Ejecutivo provincial, basado en noticias expuestas en los medios de comunicación. O en términos de un kirchnerista paranoico: una operación.

A la Robin Hood jujeña se le atribuyen los delitos de "asociación ilícita" y "extorsión". Sin embargo, en el pedido ante la Corte, se justificó que estos delitos, si se llegan a comprobar, tendrían una sanción de ejecución condicional, lo que posibilita la libertad de la dirigente social.

Garfagnini reivindicó el derecho a protesta así como asintió que, con motivo de fundamentar la detención de Sala, los poderes Ejecutivo así como Judicial de la provincia contradicen los estándares más básicos de las medidas internacionales en materia de garantía del derecho a la libertad personal.

Mas la Corte desestimó el pedido ya que "el caso planteado no amerita ninguno de los asuntos que, con compromiso a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional e incluso en las leyes que los reglamentan, habilitan la jurisdicción extraordinaria u ordinaria de esta Corte”.

La sentencia de la Corte ha sido firmada por su presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Juan Carlos Maqueda y Elena Highton.

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